El éxito de este proyecto depende de la colaboración y el compromiso de una amplia gama de actores. Los decisores públicos tienen el poder de implementar políticas que integren consideraciones de justicia social y ambiental en la transposición de las directivas EPBD y ETS2, avanzando hacia la lucha contra la pobreza y la exclusión social, mientras que el movimiento ecologista y las ONG del Tercer Sector de Acción Social pueden proporcionar apoyo, experiencia y presión desde la sociedad civil.